La necesidad de proteger los recursos del erario de su afectación por decisiones administrativas equivocadas que ocasionan daños antijurídicos y generan indemnizaciones reconocidas a través de conciliaciones o declaradas por sentencias o laudos, así como el riesgo de condenas por una defensa judicial inadecuada de los intereses del estado, llevan a la necesidad de capacitar a los abogados de las entidades públicas en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades para prevenir la causación de daños antijurídicos por parte de la administración y para defender adecuadamente sus causas en los estrados judiciales.
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Lugar. Bogotá DC
