La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo el cese el 30 de junio de los profesores interinos en centros no universitarios que de nuevo son contratos para ejercer en septiembre durante todo el curso escolar. La medida, que se realiza por los centros para no pagarles los meses de julio y agosto, se considera una vulneración del principio de no discriminación recogido por las normas europeas.
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El Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de casación presentado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, considera que existe una desigualdad no justificada por razones objetivas entre funcionarios interinos y de carrera, con detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.
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El fallo también señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados el hecho del cese, como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del numero de días de vacaciones retribuidas y la incidencia que la medida supone en la cotización a la Seguridad Social.
En ese sentido, el Tribunal precisa que su decisión afecta a los profesores que se encuentran en esta situación, pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya está en marcha por una necesidad ocasional. Según CC.OO., en España hay 119.650 profesores interinos. Desde 2012 son muchas las Comunidades que dejaron de pagar a los docentes interinos durante los meses de julio y agosto, si bien en algunas regiones se había recuperado el pago en los veranos, salvo Castilla-La Mancha. En la mayoría de los casos, los docentes cobran julio y agosto si llevan trabajando cinco meses y medio.
Pese a la prohibición del Tribunal Supremo, vigente desde 2018, de cesar al personal docente interino durante los meses de verano para su posterior contratación en septiembre, el pasado mes de junio perdieron su empleo 53.423 docentes, la tercera cifra más alta desde que comenzó la crisis.
Por este motivo, CSIF solicitó a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social el análisis del dato para confirmar si se estaban produciendo irregularidades de contratos docentes y la devolución de las cantidades que los docentes interinos habían dejado de percibir por el cese de sus contratos, lo que consideraba “una práctica ilegal”.